Gestores culturales: profesionales invisibles ante normativa laboral colombiana

 Al menos 7 universidades del país ofrecen programas de pre y posgrado en Gestión Cultural, y más de 13.000 profesionales se han graduado en esta área; sin embargo no cuentan con reconocimiento en el mercado laboral formal, lo que les impide acceder a empleos estables o a una regulación que respalde su formación académica y su experiencia en el sector cultural. La Universidad Nacional de Colombia (UNAL) Sede Manizales participó en elaboración del proyecto de ley que busca transformar esta realidad.

Una de las dificultades más serias es que la DIAN no reconoce la Gestión Cultural como una profesión, por lo que los recursos generados a través de proyectos culturales no se canalizan adecuadamente hacia el sector cultural, como lo establecen la Ley 1492 de 2011 y el Decreto 475 de 2020. Esto obedece a que el Código de Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) contenido en el Registro Único Tributario (RUT) de la DIAN no permite crear empresas formalmente reconocidas como de “gestión cultural”.

“Estas compañías operan bajo figuras como fundaciones o Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) sin incluir el componente económico propio de la profesión, lo que limita el desarrollo empresarial y la sostenibilidad económica de lo que podría ser un gremio”, señala Marla Castellanos Aponte, gestora cultural y comunicativa de UNAL Sede Manizales.

Tal desajuste en la administración de los recursos significa que el dinero generado queda a disposición del Presupuesto General de la Nación, sin que se reconozca el monto real de los rendimientos financieros que produce.

Obstáculos para los gestores culturales

La gestión cultural es una disciplina esencial para el desarrollo social, ya que las culturas evolucionan y se expanden constantemente, lo que demanda profesionales capacitados para dirigir, organizar y promover el patrimonio en todas sus formas. En Colombia se pueden mencionar casos reconocidos como el Festival Internacional de Teatro o el Petronio Álvarez en Cali, u otros contextos en los que su labor ha contribuido a la construcción de paz.

En la actualidad, la situación de empleabilidad de los gestores culturales en Colombia está marcada por la informalidad y los bajos salarios, debido a la falta de reconocimiento formal de su labor.

Según la Federación Colombiana de Gestores Culturales (Fegesco), el 28 % de ellos trabaja de manera independiente porque en la economía colombiana no se reconoce la figura de “trabajador de la cultura”.

A su vez, solo el 11 % tiene trabajo estable, ya sea en organizaciones (4 %) o en el sector público (7 %); el 77 % no ganan más de 2 smmlv, y apenas un 5 % supera los 4 smmlv. La informalidad es  alta, con 30 % de contratos menores a un año, y el 60 % de los gestores depende de convocatorias públicas (32 %) o de procesos autogestionados (18 %).

Con el fin de buscar el reconocimiento de esta actividad, varias organizaciones radicaron un proyecto de ley en el Senado de la República (182 de 2024), el cual busca transformar el sector cultural otorgándole un reconocimiento legal y formal a miles de gestores que hasta ahora no cuentan con una estructura que valide su experiencia y trayectoria profesional.

“En Colombia es crucial la certificación de competencias laborales y profesionales para reconocer y profesionalizar a los gestores culturales. Esta ley busca establecer un marco claro y legal que les permita a los gestores ser valorados por su experiencia y trayectoria”, afirma el profesor David Esteban Molina Castaño, del Programa de Gestión Cultural y Comunicativa de la UNAL Sede Manizales, quien ha formado parte fundamental en la creación y radicación del proyecto de ley.

La iniciativa es liderada por actores culturales de la UNAL Sede Manizales, egresados, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), la Escuela de Administración de Negocios (EAN), y Fegesco.

El profesor Castellanos explica por qué es necesaria la certificación laboral: “no estamos incluidos en las bolsas de empleo como una profesión reconocida, lo que limita significativamente nuestras oportunidades laborales; incluso algunos gestores culturales han intentado ingresar al Servicio Civil para desempeñarse en la Función Pública, pero han sido excluidos de los programas. Este problema resalta una brecha considerable tanto en el reconocimiento institucional de nuestra labor como en la definición de sus riesgos profesionales”.

Otra situación problemática de no contar con este reconocimiento es que al tratar de acceder a créditos bancarios los gestores son catalogados como de riesgo alto por no contar con profesión respaldada normativamente en el mercado laboral.